La reunión entre varios gobernadores del país y el ministro de Hacienda concluyó sin acuerdos, luego de no lograrse consensos sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos por el Gobierno nacional en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.

Tras el encuentro, los mandatarios departamentales manifestaron su inquietud por los efectos que dichas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó avances significativos y reiteró que los decretos impactarán negativamente las rentas cedidas.

“Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros tenemos pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es defender esos derechos constitucionales, porque los recursos de licores y cigarrillos garantizan salud, educación y deporte en las regiones”, afirmó Toro, quien advirtió además que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y reducir el recaudo, afectando directamente al sistema de salud.

En el caso del Valle del Cauca, la mandataria recordó que los recursos provenientes del impuesto al cigarrillo se destinan al régimen subsidiado, y alertó sobre un déficit de 120.000 millones de pesos. “Si no se cubre ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación. ¿Con qué vamos a pagar el PAE, el transporte escolar o los programas que no financia la Nación?”, cuestionó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también criticó el encuentro, al que calificó como “lleno de humo”. Señaló que el departamento solicitará ante la Corte Constitucional una medida de excepción de inconstitucionalidad para suspender los efectos tributarios de los decretos de emergencia.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció una versión distinta y aseguró que las tensiones con los gobernadores fueron superadas. Indicó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a cubrir cualquier déficit que los impuestos a licores y tabaco generen en los departamentos, garantizando así la estabilidad fiscal de las regiones.