El presidente Abelardo De La Espriella anunció, al término del Consejo de Ministros, la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Choque en Salud, una estrategia extraordinaria y temporal con la que el Gobierno busca destrabar la atención de más de un millón de colombianos que tienen medicamentos o procedimientos médicos pendientes. En total, fueron identificados 1.069.196 usuarios con algún tipo de atención represada.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a cerca de 5.772 quejas diarias. El 92 % de estos casos estaría relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud. Entre los pacientes afectados se encuentran personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC y asma, además de mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.

La primera fase del plan tendrá cobertura nacional y priorizará los casos según el nivel de riesgo. El Gobierno contempla atender a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y realizar seguimiento a más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos. La estrategia contempla identificar cada caso, establecer cuál es la atención requerida y quién debe garantizarla, gestionar los recursos necesarios y hacer seguimiento hasta comprobar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento efectivamente se realizó.

Para respaldar financieramente las atenciones represadas, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida a las EPS, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año. De La Espriella aseguró que la medida no busca duplicar pagos ni reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido cancelados, sino facilitar liquidez para atender las obligaciones relacionadas con los servicios incluidos en el plan. Las EPS deberán identificar, reportar y gestionar los casos pendientes durante la ejecución de esta primera fase.

El seguimiento estará a cargo de una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Este organismo deberá vigilar tanto la entrega de medicamentos y realización de procedimientos como el manejo de los recursos destinados al mecanismo financiero. Con esta primera fase, el Gobierno pretende que la atención de los casos identificados no termine únicamente con el cierre de una reclamación, sino con la prestación efectiva del servicio requerido por cada paciente.