El Ministerio de Educación Nacional puso en consulta pública un proyecto de decreto que plantea modificaciones al Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, relacionadas con la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.

La propuesta busca diferenciar las modalidades en las que un tercero presta directamente el servicio educativo de aquellas en las que un operador externo apoya la administración de establecimientos oficiales, mientras la entidad territorial mantiene la responsabilidad sobre la prestación del servicio.

Uno de los cambios que mayor atención ha generado contempla la posibilidad de que las entidades territoriales contraten personas jurídicas públicas o privadas, con reconocida trayectoria e idoneidad, para organizar, coordinar, administrar y dirigir uno o varios establecimientos educativos oficiales.

De acuerdo con el proyecto, estos contratos podrían tener una duración mínima de dos años y máxima de 12 años. Además, los operadores interesados deberán acreditar al menos 10 años de experiencia en la administración o prestación del servicio educativo y asumirían, según las condiciones contractuales, responsabilidades relacionadas con la administración, custodia, mantenimiento de la infraestructura y operación de los establecimientos.

La iniciativa establece que los contratos deberán incluir la totalidad de las sedes que conformen cada establecimiento educativo. Esto permitiría que un colegio continúe siendo de carácter público, aunque su administración y operación cotidiana sea desarrollada durante varios años por un operador externo.

Otro de los aspectos que ha generado debate está relacionado con el personal vinculado por los operadores. El proyecto señala que los docentes, directivos docentes y trabajadores administrativos contratados por estas entidades no tendrían vínculo laboral con la respectiva entidad territorial y estarían sometidos al régimen laboral privado. Asimismo, el contratista no podría utilizar personal perteneciente a la planta oficial para ejecutar el contrato.

Aparecen las comunidades religiosas

El documento también contempla la posibilidad de celebrar contratos con iglesias y confesiones religiosas para promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos públicos. En estos casos, la entidad territorial aportaría la infraestructura y el personal docente, directivo y administrativo disponible, mientras que la organización religiosa contribuiría con los componentes que la entidad no esté en capacidad de suministrar.

Según la propuesta, las iglesias o confesiones religiosas también podrían aportar apoyo pedagógico y administrativo para el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) o del Proyecto Educativo Comunitario (PEC). Sin embargo, el proyecto diferencia esta figura de la administración general de los colegios, que está contemplada para personas jurídicas públicas o privadas.

El Ministerio plantea, además, que la contratación para la prestación del servicio educativo debe tener un carácter excepcional. Para acudir a esta alternativa, las entidades territoriales deberán demostrar que no cuentan con la capacidad suficiente para atender la demanda estudiantil a través de sus establecimientos oficiales.

Entre las razones que podrían justificar esta contratación se encuentran la insuficiencia de docentes o directivos, problemas de infraestructura u otras limitaciones en la capacidad de atención. Antes de contratar, las entidades deberán realizar un estudio técnico sobre la oferta y demanda de cupos, la infraestructura disponible, la planta docente y las alternativas para ampliar la capacidad oficial.

El proyecto también contempla una reducción progresiva de la contratación con terceros y obliga a las entidades territoriales a diseñar planes para superar las causas que las llevaron a recurrir a operadores externos. El Ministerio de Educación podría revisar los estudios técnicos y trasladar el caso a los organismos de control cuando considere que no existían las condiciones necesarias para acudir a esta modalidad.

Los cuestionamientos

La propuesta ya ha generado cuestionamientos por parte de Fecode, organización que considera que algunos de los cambios podrían abrir la puerta a una mayor participación privada en la educación pública. Entre sus principales reparos están la intervención de operadores privados, la vinculación de trabajadores bajo el régimen laboral privado y la participación de iglesias y confesiones religiosas en determinados procesos educativos.

No obstante, el proyecto de decreto no establece de manera expresa una privatización de la educación pública. Por ahora, se trata de una propuesta que se encuentra en etapa de consulta pública y que podría sufrir modificaciones antes de su eventual expedición como norma.