Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), basado en cifras del Ministerio de Defensa, señala que los grupos armados ilegales en Colombia pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, lo que representa un crecimiento cercano al 90 % durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El documento, que evalúa la política de Paz Total, sostiene que mientras las organizaciones armadas fortalecían su capacidad y mantenían ataques contra la población civil, las delegaciones del Gobierno en las mesas de diálogo asumieron una postura pasiva, lo que, según la FIP, favoreció el fortalecimiento de estos grupos. Además, indica que las disputas entre actores armados aumentaron de siete en 2022 a 14 en la actualidad y que en 2025 se registraron 116 enfrentamientos, la cifra anual más alta desde 2016.

La Fundación reconoce algunos avances de la estrategia, entre ellos la reducción de homicidios en Putumayo y Nariño, la tregua temporal entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, la destrucción de material bélico por parte de algunos grupos y el desarme de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quienes iniciaron su tránsito hacia la vida civil. También destaca la inclusión de compromisos de transformación territorial en ocho mesas de diálogo.

No obstante, el informe identifica trece fallas en la implementación de la Paz Total. Entre ellas menciona la falta de objetivos claros para las negociaciones, la ausencia de un marco jurídico para los procesos de sometimiento, la inexistencia de líneas rojas frente al reclutamiento de menores y la expansión de los grupos armados, la débil articulación entre las entidades del Estado y los incentivos que, según la FIP, permitieron prolongar las negociaciones sin avances hacia el desarme.

Finalmente, la Fundación concluye que las políticas de paz y seguridad deben avanzar de manera coordinada y advierte sobre la disminución del respaldo ciudadano a la salida negociada del conflicto. Según el informe, el apoyo a los diálogos pasó del 76 % en agosto de 2022 al 50 % en febrero de 2025, mientras persisten interrogantes sobre el futuro de las transformaciones territoriales y el desmantelamiento de las economías ilegales en el país.