La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), por posibles irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de un contrato suscrito en 2022 para la adquisición de drones destinados a la Policía Nacional.

La decisión involucra al coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez, exdirector general del FORPO; a la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, quien se desempeñaba como coordinadora del CIPPA; al intendente Ismael de Aguas, entonces verificador de información de esa dependencia, y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien ejercía como supervisor del contrato por parte del FORPO.

El órgano de control busca establecer si durante el proceso para la compra de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART), cuyo valor superó los 3.700 millones de pesos, se presentaron inconsistencias que comprometieran la legalidad del contrato. Entre los aspectos bajo revisión se encuentran los criterios utilizados para la selección del contratista, los cuales habrían podido influir en el desarrollo de la contratación.

Con la apertura de la investigación, la Procuraduría adelantará la recolección de pruebas para esclarecer cómo se desarrolló el proceso contractual y determinar si la actuación de los funcionarios se ajustó a sus deberes legales o si existieron conductas con posible relevancia disciplinaria.

La entidad precisó que el expediente se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no se han formulado cargos. El propósito de esta fase es reunir los elementos probatorios necesarios para definir si hay mérito para avanzar con un proceso disciplinario contra los funcionarios y exfuncionarios vinculados al caso.