La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró formalmente la ejecución y el seguimiento de las sanciones impuestas a siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP por su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el Caso 01, sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Las sanciones tienen diferentes duraciones según cada compareciente: Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años. Durante este periodo deberán permanecer en una residencia fija, cumplir horarios de trabajo y atender restricciones de movilidad. Además, necesitarán autorización para determinados desplazamientos, no podrán salir del país sin permiso y deberán utilizar un dispositivo de seguimiento electrónico.

La decisión de la JEP contempla además 79 acciones restaurativas distribuidas en diferentes territorios del país, relacionadas con la memoria y reparación simbólica, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la protección del medioambiente y el territorio y acciones frente a las minas antipersonal. Como parte de estas actividades, cinco de los siete sancionados —Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel— participarán entre el 21 y el 30 de septiembre en labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila.

Las actividades en Pitalito estarán bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) e incluirán labores de organización del área, preparación y traslado de herramientas, señalización, apoyo topográfico y retiro controlado de vegetación, suelo y sedimentos. Los sancionados también participarán en excavaciones manuales y brindarán apoyo logístico a los equipos de antropología encargados de la prospección humanitaria. La JEP aclaró que esta intervención no constituye una nueva sanción, sino que hace parte de los proyectos restaurativos establecidos previamente en la sentencia.

La elección del cementerio San Antonio de Padua responde a información recopilada por la UBPD sobre personas dadas por desaparecidas en el marco del Caso 01 en el Huila, así como a la existencia de víctimas acreditadas en la región. Con la decisión, el Tribunal para la Paz asumió formalmente el seguimiento de las sanciones propias y deberá verificar el cumplimiento de las actividades restaurativas, las restricciones de movilidad y las demás condiciones establecidas para los siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP.