La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que cuenta con garantías constitucionales e internacionales que respaldan su continuidad y manifestó su disposición para mantener un diálogo institucional con el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.

El pronunciamiento se produjo luego de que De la Espriella cuestionara el papel de la JEP tras la autorización concedida al excomandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, para viajar a España. El mandatario electo anunció además que buscará que Londoño sea enviado a prisión y planteó una reestructuración institucional que contempla la eliminación de varias entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz.

Frente a estas declaraciones, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que la jurisdicción cuenta con un «blindaje constitucional e internacional» que garantiza su permanencia. Explicó que, además de las disposiciones constitucionales, el cumplimiento del Acuerdo Final es objeto de seguimiento por parte de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y recordó que cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil solicitaron mantener ese monitoreo. Asimismo, señaló que la JEP está respaldada por compromisos internacionales asumidos por Colombia ante la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

A las reacciones se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien defendió el marco jurídico del proceso de paz y recordó que Rodrigo Londoño comparece ante la JEP para responder por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de cumplir las sanciones restaurativas previstas en el Acuerdo Final. La funcionaria enfatizó que dicho acuerdo constituye una obligación constitucional para el Estado y que todas las autoridades públicas deben respetar los compromisos adquiridos, independientemente de sus posturas políticas.

Por su parte, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, afirmó que el Acuerdo Final es un compromiso del Estado colombiano y no de un gobierno en particular, por lo que su cumplimiento tiene carácter obligatorio. Indicó que el 85 % de los firmantes continúa vinculado a los procesos de reincorporación y advirtió que garantizar el acceso a proyectos productivos, tierra, vivienda y formación es fundamental para evitar la repetición del conflicto armado. Estas declaraciones se producen luego de que el presidente electo anunciara la eliminación de la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones serían trasladadas a otras entidades. En medio de este escenario, integrantes del antiguo secretariado de las Farc enviaron una carta a De la Espriella expresando su disposición a mantener un diálogo institucional cuando el Acuerdo de Paz está próximo a cumplir diez años.