El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia mantener bajo custodia todas las piezas retiradas de sus exposiciones, en medio de la polémica por la salida de elementos relacionados con el feminismo, las comunidades LGBTQ+ y el conflicto armado. La medida busca garantizar la conservación de estos objetos mientras se resuelve una acción de tutela presentada contra la institución y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La decisión, firmada por el juez César Enrique Osorio, tiene carácter provisional y establece que el museo no podrá destruir, modificar, trasladar fuera de sus instalaciones ni devolver a terceros las piezas involucradas. Además, la institución deberá conservar toda la documentación relacionada con su retiro y entregar al juzgado, en un plazo de 24 horas desde la notificación, un informe detallado sobre los elementos afectados.

Entre las obligaciones establecidas se encuentra garantizar condiciones adecuadas de conservación y custodia, así como abstenerse de retirar o intervenir otros elementos de las exposiciones por razones relacionadas con su contenido, cuando no existan actos administrativos que respalden esas decisiones. El juzgado también ordenó preservar inventarios, registros de movimiento, guiones museográficos, actas, correos electrónicos y demás documentos vinculados con las actuaciones cuestionadas.

El informe solicitado deberá identificar cada pieza retirada de las salas de exposición y del jardín conmemorativo de Miguel Ángel Díaz, precisar su ubicación actual, describir sus condiciones de conservación e indicar qué autoridad o dependencia ordenó su retiro. La actuación judicial se originó en una tutela promovida por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, del colectivo Revolución en Rosa.

El despacho admitió la acción contra el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional, entidades que deberán responder a los señalamientos y aportar las pruebas y documentos correspondientes dentro del plazo establecido. Asimismo, solicitó información sobre los actos administrativos que autorizaron la exhibición de las piezas y aquellos que fundamentaron su retiro. La medida busca proteger los derechos relacionados con la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística mientras se adopta una decisión de fondo sobre la tutela.