El Tribunal Superior de Bogotá legalizó la captura del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien se presentó ante las autoridades luego de que se le impusiera una nueva medida de aseguramiento con detención domiciliaria, dentro del proceso que enfrenta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

La decisión fue adoptada por el Despacho 27 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que avaló la captura de Velasco, quien se entregó el pasado martes 18 de agosto ante las autoridades en Cali, Valle del Cauca, para comparecer ante la justicia y dar cumplimiento a la nueva medida de aseguramiento.

El proceso contra el exministro ha tenido varias decisiones judiciales. El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá le impuso una medida de aseguramiento intramural, pese a que la Fiscalía General de la Nación había solicitado que la privación de la libertad se cumpliera en su residencia. Posteriormente, al resolver un recurso de apelación, la decisión de enviarlo a prisión fue confirmada en segunda instancia.

Velasco interpuso una acción de tutela al considerar que las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia vulneraban sus derechos, teniendo en cuenta que la propia Fiscalía había solicitado una medida de aseguramiento domiciliaria y no una privación de la libertad en un centro carcelario. El fallo de tutela amparó sus derechos y ordenó su libertad.

Sin embargo, el pasado 14 de agosto, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá revisó nuevamente el caso e impuso una nueva medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. Tras esta decisión, el exministro se presentó ante las autoridades, fue capturado y posteriormente su captura fue legalizada para hacer efectiva la medida impuesta.

Luis Fernando Velasco es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El proceso está relacionado con su presunta participación en un supuesto direccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías, Invías, y la UNGRD, con el propósito de obtener apoyos y votos en el Congreso para el trámite de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.