Minciencias, en el ojo del huracán
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación enfrenta una fuerte controversia en el sistema científico luego de frenar la financiación de proyectos que ya contaban con evaluaciones técnicas, en medio de la aplicación de un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que ha sido cuestionado por actores del sector.
La decisión generó pronunciamientos de 136 integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema Universitario Estatal, quienes advirtieron que varias iniciativas del bienio 2023–2024 quedaron en el limbo, comprometiendo cerca de 2,7 billones de pesos provenientes del sistema de regalías.
El origen del conflicto radica en la interpretación del DNP, según la cual los proyectos no aprobados en un periodo no podrían financiarse con recursos de otro. MinCiencias acogió este criterio en su rol como Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, pese a que diversos actores señalan que dicho concepto no es vinculante.
De acuerdo con los pronunciamientos, esta decisión afectó directamente proyectos que ya habían superado etapas de evaluación, revisión y ajustes, generando incertidumbre sobre su continuidad y posibles impactos financieros. Además, advierten que cambios en cronogramas, adendas y requisitos alteraron las condiciones iniciales de las convocatorias.
Los firmantes también alertaron sobre presuntas fallas estructurales y un escenario de inseguridad jurídica, señalando falta de articulación entre las entidades involucradas y decisiones adoptadas sin claridad normativa. Incluso, calificaron como desproporcionado el bloqueo y la terminación abrupta de los procesos.
Finalmente, coincidieron en que la situación pone en riesgo la continuidad del sistema científico, al estimar que se habrían perdido cerca de tres años de trabajo técnico e institucional. Por ello, pidieron correctivos urgentes, mayor claridad en las decisiones y la intervención de los órganos de control, mientras el Gobierno defiende la medida como un ajuste a interpretaciones jurídicas del sistema.
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