El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, denunció tener pruebas de espionaje en su contra, asegurando que el rastreo a sus comunicaciones habría sido ordenado por miembros del mismo gobierno al que pertenece. La revelación desató preocupación en sectores políticos y judiciales, pues revive los fantasmas de las interceptaciones ilegales que marcaron la era del DAS.

Según una investigación realizada por una compañía internacional de análisis forense digital, el teléfono del ministro fue infectado con el software espía Pegasus desde agosto de 2025. Los peritos determinaron que el ataque ocurrió el 1º de noviembre de 2025, exactamente a las 2:32 de la tarde, momento en el que una librería maliciosa fue inyectada en su iPhone.

El informe técnico detalla que más de 2,3 gigabytes de información fueron extraídos del dispositivo y que el micrófono del celular fue activado 134 veces de forma remota, lo que permitió escuchar y grabar en tiempo real las conversaciones y reuniones del alto funcionario. El caso de espionaje al ministro de Justicia podría involucrar un uso indebido de herramientas de ciberinteligencia dentro del Estado.

Aunque los expertos no han confirmado si la cámara del dispositivo también fue manipulada, existen indicios de que el espionaje incluyó vigilancia audiovisual. En contraste, los peritos aseguran tener plena evidencia de que el audio fue interceptado y grabado de manera continua durante varios meses.

El espionaje al ministro de Justicia se suma a denuncias previas sobre el uso del programa Pegasus en Colombia, un software diseñado para infiltrarse en teléfonos inteligentes. De comprobarse que miembros del gobierno ordenaron el seguimiento, se trataría de uno de los casos de inteligencia ilegal más graves desde el escándalo del DAS.