El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 2708 de 2026, mediante la cual derogó y dejó sin efectos 11 circulares emitidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026, tras identificar problemas relacionados con competencia, técnica normativa, interpretación jurídica y la creación de obligaciones sin suficiente respaldo legal.

La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, señaló que la decisión hace parte de un proceso de depuración regulatoria orientado a fortalecer la seguridad jurídica y evitar que lineamientos administrativos sean utilizados como instrumentos autónomos para imponer requisitos, procedimientos, sanciones o cargas a empleadores, trabajadores y autoridades.

Entre los documentos derogados se encuentran circulares relacionadas con libertad sindical, trabajo doméstico remunerado, plataformas digitales de reparto, estabilidad laboral reforzada, jornada laboral, horas extras y la aplicación de la reforma laboral.

De acuerdo con la cartera laboral, algunos de estos instrumentos mezclaban recomendaciones con disposiciones que podían interpretarse como de obligatorio cumplimiento. Además, incluían criterios que excedían el alcance de la ley o establecían procedimientos y exigencias que requerían una norma de mayor jerarquía.

El Ministerio aclaró que la derogatoria tendrá efectos hacia el futuro y no implica la nulidad automática de actuaciones administrativas o decisiones que hayan sido adoptadas durante la vigencia de las circulares ahora dejadas sin efecto.

Como parte de la medida, las diferentes dependencias de la entidad deberán identificar las necesidades regulatorias y operativas que puedan surgir tras la derogatoria y elaborar nuevos instrumentos jurídicos cuando sea necesario. Mientras se adelanta esta revisión, se establecieron medidas transitorias para asuntos relacionados con el trabajo doméstico, la negociación colectiva, las plataformas digitales de reparto y la remuneración a destajo.

Con esta decisión, el Ministerio del Trabajo busca que las futuras orientaciones administrativas diferencien con mayor claridad las normas de obligatorio cumplimiento, los protocolos internos y los documentos de carácter pedagógico, con el propósito de fortalecer la coherencia regulatoria y garantizar el respeto por los principios de legalidad y seguridad jurídica.