El Ministerio de Defensa anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en Ocaña y la región del Catatumbo, luego del ataque perpetrado por el ELN contra el Cantón Militar El Trapiche, hecho que dejó tres militares muertos y cinco más heridos. Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo de seguridad realizado este sábado en Ocaña, con la participación del gobernador de Norte de Santander y los principales mandos militares y policiales de la región.

Entre las principales acciones se encuentra la reestructuración y reorganización de la campaña militar y policial Esparta, cuya sede estará ubicada en Ocaña. Esta estrategia concentrará las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para enfrentar las estructuras criminales que operan en esta zona, así como fortalecer el control sobre los corredores utilizados para movilizar integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña.

Asimismo, fue anunciada la activación del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial, CICOT, que permitirá articular la información de las Fuerzas Militares, la Policía y otros organismos del Estado para anticipar amenazas, identificar a los responsables de acciones criminales y orientar las operaciones contra el ELN y otras organizaciones armadas que delinquen en la región.

En materia judicial, también entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial, CIJUT, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación. La estrategia busca avanzar en las investigaciones y judicializaciones de los responsables de los ataques, así como en la desarticulación de las redes de apoyo de los grupos armados. El Ministerio de Defensa también anunció la activación de recompensas por información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas del ELN que operan en el Catatumbo.

El Gobierno Nacional señaló que estas acciones hacen parte de una nueva estrategia de seguridad para la región, orientada a afectar las estructuras armadas, sus cabecillas, finanzas y economías ilícitas, además de fortalecer la protección de la población civil. Finalmente, aseguró que la Fuerza Pública mantendrá sus capacidades desplegadas en Norte de Santander y que las operaciones se desarrollarán en el marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.