El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento. Como medida provisional, el despacho ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra objetivos militares cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de menores de edad que puedan resultar afectados en su vida o integridad física.

La medida estará vigente mientras el juzgado adopta una decisión de fondo sobre la tutela. El despacho explicó que su decisión tiene un carácter preventivo, al considerar que no puede descartarse el riesgo de que un niño o adolescente reclutado por un grupo armado resulte muerto o herido durante una operación militar. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un menor constituiría un daño irreversible que no podría ser reparado posteriormente mediante una decisión judicial.

Entre los elementos analizados, el juzgado tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad fallecidos durante operaciones militares. En el auto se cita información de Medicina Legal según la cual, desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos en diferentes operaciones y los análisis forenses determinaron que 15 correspondían a niños o adolescentes. No obstante, el despacho aclaró que la decisión no implica la suspensión total de los bombardeos ni significa que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal, pues se trata de una medida excepcional, temporal y limitada a las circunstancias establecidas en la orden.

Como parte del trámite, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen sobre las medidas y protocolos implementados para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares. Las entidades también deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia sobre niños y adolescentes reclutados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué mecanismos aplican para garantizar una protección especial a esta población.

Las demás entidades vinculadas tendrán igualmente 48 horas para responder los hechos expuestos en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias. El proceso continuará con la participación de organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare, además de entidades internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF. Mientras se analiza toda la información y se adopta una decisión definitiva, la orden de suspender determinados bombardeos se mantendrá como una medida provisional para prevenir posibles afectaciones a niños y adolescentes.