Las reconocidas tiendas de ropa Lili Pink y Yoi enfrentan una nueva crisis luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía en medio de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos.

De acuerdo con voceros de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), desde que la operación de las compañías pasó a administración del Estado se han presentado dificultades relacionadas con contratos de arrendamiento y prestación de servicios.

Según explicó la entidad, al menos 87 solicitudes han sido presentadas por empresarios y operadores de centros comerciales buscando la terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales comerciales.

La SAE aseguró que ya inició acciones legales y policiales frente a algunos casos, al considerar que se han presentado vías de hecho, incluyendo restricciones de acceso a ciertos establecimientos. La situación podría derivar en el cierre del 22 % de los locales a nivel nacional y afectar el empleo de cerca de 260 trabajadores, muchos de ellos madres cabeza de hogar.

Además de los inconvenientes con los arrendamientos, la entidad también reportó la suspensión de contratos por parte de algunos proveedores de bienes y servicios, así como dificultades con entidades financieras que han limitado ciertos trámites y operaciones de pago.

Ante este panorama, la SAE informó que adelanta mesas de diálogo con empresarios y representantes del sector financiero para garantizar la continuidad de las compañías, proteger el empleo y habilitar mecanismos alternativos de pago mientras avanzan las investigaciones.