La Contraloría General de la República encendió las alertas ante el riesgo de un eventual desabastecimiento de pasaportes en el país, debido a los retrasos en la puesta en marcha del nuevo contrato que reemplazará al actualmente ejecutado por la firma Thomas Greg & Sons. Según el contralor delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, existen riesgos financieros, operativos y de planeación que podrían impedir la entrada en vigor del nuevo modelo en los plazos previstos.

El organismo de control detectó demoras en el cronograma establecido por la Cancillería y la Imprenta Nacional, así como fallas en la importación e instalación de la maquinaria necesaria para la producción de los documentos. “Hasta la semana pasada no hay evidencia de que la maquinaria esté en el país ni de que se haya contratado al importador”, advirtió Abadía, al señalar que el incumplimiento de los tiempos podría afectar la continuidad del servicio a partir del 1 de abril.

En materia financiera, la Contraloría identificó inconsistencias derivadas de la decisión de valorar el contrato en euros, lo que traslada el riesgo cambiario al Estado. También alertó sobre la falta de claridad en los costos de personalización, transporte e impuestos, así como en las previsiones presupuestales para atender una posible variación en la demanda. Además, cuestionó la transición de un modelo “por demanda” a uno de cantidad mínima anual —de 1,2 millones de libretas—, que podría generar desbalances si la producción supera las necesidades reales.

El organismo señaló que aún no existe un prototipo del nuevo pasaporte y que no ha recibido información suficiente sobre su diseño ni sus especificaciones técnicas. Abadía recordó, sin embargo, que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario reemplazarlos de manera inmediata. “Podrán coexistir ambos modelos; cambiar todos los pasaportes vigentes generaría un daño fiscal de grandes proporciones”, precisó.

Para hacer seguimiento al proceso, la Contraloría dispuso un equipo técnico permanente en la Cancillería y en la Imprenta Nacional, con el fin de monitorear de forma directa la ejecución del contrato y prevenir posibles afectaciones al servicio. “Estas son alertas técnicas, no políticas. El objetivo es garantizar que la transición se realice sin riesgos para el patrimonio público ni para los ciudadanos”, enfatizó Abadía.

El nuevo modelo de pasaportes surge tras la decisión del Gobierno de no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, adjudicando la nueva licitación a la Casa de la Moneda de Portugal en asocio con la Imprenta Nacional de Colombia. Aunque la Cancillería ha asegurado que el proceso permitirá modernizar el sistema y reforzar los estándares de seguridad, la Contraloría insiste en que aún no hay garantías suficientes de continuidad en la expedición de pasaportes. A dos meses del cambio, la incertidumbre persiste.