El movimiento Pacientes Colombia, integrado por 204 organizaciones de pacientes, pidió al presidente Abelardo de la Espriella y al Gobierno Nacional reconsiderar la decisión de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), mecanismo internacional que promueve la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. La salida fue anunciada por la Cancillería el 17 de septiembre, cuando Colombia ejercía la copresidencia de la organización junto con España.

La organización cuestionó la decisión y sostuvo que representa, a su juicio, una señal negativa frente al compromiso del Estado con la igualdad y la no discriminación. Pacientes Colombia señaló además que la salida podría afectar la participación del país en espacios internacionales de cooperación, intercambio de experiencias y construcción de políticas públicas relacionadas con los derechos humanos.

El movimiento también manifestó especial preocupación por las personas que viven con VIH y las comunidades LGBTIQ+, debido a que 44 de las organizaciones que lo integran trabajan directamente con estas poblaciones. Según la organización, las decisiones estatales en esta materia pueden tener efectos sobre el acceso a la salud, la protección de derechos y las condiciones de atención de grupos que han enfrentado situaciones de discriminación y exclusión.

Pacientes Colombia pidió al Gobierno reversar el retiro o, en su defecto, abrir un espacio público de diálogo con organizaciones de pacientes, colectivos LGBTIQ+, entidades de derechos humanos, expertos en salud pública y sectores técnicos. El propósito, según indicó, sería evaluar las posibles consecuencias de la decisión y discutir las acciones que permitan mantener los compromisos relacionados con igualdad y no discriminación.

La postura de Pacientes Colombia contrasta con la explicación entregada por el Gobierno. El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, afirmó que la participación en la coalición dejó de ser una prioridad para la actual administración y sostuvo que el retiro no implica un desconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, cuya protección está contemplada en la Constitución, las leyes y decisiones de la Corte Constitucional.