Los pacientes trasplantados en Colombia están enfrentando graves dificultades para acceder a los medicamentos inmunosupresores, esenciales para evitar el rechazo de los órganos, advirtió el doctor Rubén Luna, presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. La situación, dijo, refleja un problema estructural que afecta a todo el sistema de salud.

Estos medicamentos son indispensables para impedir que el cuerpo identifique el órgano trasplantado como un agente extraño y lo ataque. “En este momento los pacientes no están pudiendo acceder a estos medicamentos. Eso pone en riesgo no solo la vida del injerto, sino también la del paciente”, señaló Luna. Interrupciones en el tratamiento pueden provocar procesos inflamatorios graves y el rechazo irreversible del órgano.

La crisis también está afectando la realización de nuevos trasplantes. El especialista explicó que es difícil llevar a cabo un procedimiento de este tipo si no hay certeza sobre el suministro de los medicamentos posteriores. “Sería realizar una cirugía exitosa, pero sin poder asegurar que el órgano funcione a largo plazo”, agregó. Muchos pacientes permanecen hospitalizados por semanas esperando la entrega de sus tratamientos o reciben solo parte del suministro, lo que genera incertidumbre.

Se estima que en Colombia hay entre 12.000 y 14.000 personas trasplantadas que no pueden suspender su medicación “ni un solo día”. Luna enfatizó que cualquier cambio en el sistema de salud debe garantizar la continuidad de los tratamientos, no solo para esta población sino también para pacientes con diabetes, hipertensión, hemofilia o cáncer, que dependen de tratamientos permanentes.

El presidente de la asociación aclaró que el problema no se limita a ciertas EPS intervenidas, sino que responde a fallas administrativas y financieras generalizadas. “Los contratos y autorizaciones pueden existir, pero si no están respaldados por pagos, es como entregar un cheque sin fondos”, afirmó. Finalmente, la asociación hizo un llamado al Gobierno, al Congreso y al sistema judicial para que la salud sea tratada como una política de Estado, basada en criterios técnicos y científicos que aseguren el bienestar de los pacientes.