Una fuerte controversia política se desató tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien planteó modificar la denominación con la que tradicionalmente se identifica a los trabajadores del sector rural. Según el funcionario, la intención del Gobierno es “elevarle el estatus” a quienes producen los alimentos del país y pasar de llamarlos campesinos a “pequeños empresarios del campo”.

Más allá del debate por la denominación, el Ministerio de Agricultura anunció la suspensión temporal del desembolso de recursos destinados a la adquisición de predios. La cartera ordenó una auditoría forense para revisar las operaciones comerciales realizadas durante el Gobierno anterior y, mientras se verifica la legalidad de los procesos, quedaron congelados cerca de 1,4 billones de pesos pendientes de pago a propietarios.

Dangond también cuestionó las cifras reportadas previamente sobre la reforma agraria. El ministro aseguró que, aunque se había planteado la compra de tres millones de hectáreas durante el cuatrienio, finalmente se habrían adquirido unas 350.000 hectáreas. Además, confirmó que para 2027 no está contemplada una nueva compra masiva de predios y que la política será revisar cada operación antes de continuar con los desembolsos.

Los anuncios provocaron reacciones entre congresistas y sectores políticos que respaldaron la política agraria del Gobierno anterior, entre ellos los parlamentarios David Racero y Aída Abella. En medio de los cuestionamientos, Dangond rechazó las acusaciones relacionadas con posibles alianzas o irregularidades en su gestión y aseguró que su actuación está orientada a revisar las operaciones realizadas con recursos públicos.

“Yo no trabajo para particulares, no sea mentiroso, hombre. Mi firma trabaja es para los sistemas financieros”, respondió el ministro, quien insistió en que investigará las compras de tierras en las que presuntamente se hayan presentado precios inflados. El Ministerio reiteró que el nuevo Gobierno verificará predio por predio con el propósito de proteger los recursos públicos destinados al sector agropecuario.