En la sesión ordinaria que se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso de la República, el senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ariel Ávila Martínez (Alianza Verde), presentó cuatro proposiciones fundamentales para abordar diversas problemáticas de derechos humanos que atraviesa el país.
El senador, en colaboración con la Mesa Humanitaria del Caribe, ha propuesto la realización de una audiencia pública en la ciudad de Valledupar. Esta sesión tiene como objetivo visibilizar y dar seguimiento a las violaciones a los Derechos Humanos que han sido reportadas en la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá.
También propuso una audiencia públicapara abordar la grave situación de violencia en el departamento de Caquetá, ya que se ha evidenciado un notable deterioro de los derechos humanos en este departamento debido a la violencia ocurrida entre 2023 y 2024. Las restricciones a la movilidad, las amenazas y los asesinatos selectivos representan una seria amenaza para la seguridad y bienestar de la población local. Un ejemplo de esta situación es el bloqueo del río Orteguaza por dos disidencias de las antiguas FARC, lo que ha desencadenado un importante paro armado en la zona.
Solicitó una audiencia pública en el departamento del Valle del Cauca, con Tuluá como epicentro, para abordar las problemáticas más urgentes de la región. En Tuluá, se ha registrado un aumento de la violencia y la vulneración de los derechos humanos, incluyendo intimidaciones, extorsiones y asesinatos. En Buenaventura, la falta sistémica de acceso a agua potable atenta contra los derechos básicos de la población. Asimismo, Cali enfrenta altas tasas de homicidios, desplazamiento de comunidades negras e indígenas, y la presencia significativa de organizaciones sociales.
Finalmente solicitó la convocatoria de una audiencia pública en el municipio de Villagarzón, Putumayo, en el día y hora que determine la Mesa Directiva de la Comisión de Derechos Humanos. Ya que esta problemática ha derivado en violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, fortalecimiento de las economías ilegales como la minería ilegal y la utilización de tierras deforestadas para la siembra de cultivos de uso ilícito. Según el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) los municipios más afectados son Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto Leguízamo y territorios aledaños.
