El trámite del Presupuesto General de la Nación para la próxima vigencia abrió una nueva disputa política en el Congreso. Mientras el Gobierno Nacional defiende una propuesta por $634 billones, sectores de la oposición y algunos actores económicos cuestionan la viabilidad de la cifra y advierten sobre el deterioro de las finanzas públicas del país.

El debate se concentra ahora en las comisiones económicas del Congreso, donde se analiza cómo financiar el presupuesto sin generar un déficit fiscal insostenible. El senador Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera del Senado, ha defendido la necesidad de realizar ajustes que permitan priorizar la austeridad y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Garcés también llamó la atención sobre el incremento en el servicio de la deuda, que, según señaló, pasó de $100 billones a $155 billones. Ante este escenario, propuso reperfilar las obligaciones de deuda como una alternativa para generar mayor margen financiero. El congresista sostuvo que esta estrategia no significaría dejar de pagar, sino buscar mejores condiciones y, eventualmente, el respaldo de organismos internacionales para convertir parte de esas obligaciones en inversión.

“Yo no voy a dejar tirados a los damnificados del terremoto. Es lo que siempre se ha hecho”, afirmó Garcés, al explicar que otros gobiernos han optado por renegociar o reperfilar compromisos de deuda para obtener mayor oxígeno financiero.

Oposición plantea un presupuesto de $596 billones

Por su parte, el representante a la Cámara Santiago Osorio, de Alianza Verde, cuestionó la propuesta del Gobierno y anunció un presupuesto alternativo por $596 billones, es decir, $38 billones menos que los $634 billones planteados por el Ejecutivo. Según el congresista, la cifra oficial no tendría respaldo suficiente y podría resultar difícil de financiar.

Osorio también rechazó que la situación fiscal sea atribuida exclusivamente a la administración anterior y señaló que Colombia arrastra problemas estructurales de inflexibilidad presupuestal desde 1991. A su juicio, durante el gobierno de Gustavo Petro se han priorizado áreas como la inversión social, la educación pública y la salud.

El debate incluye además las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el crecimiento de la deuda pública y su impacto en la capacidad de inversión del Estado. En este contexto, Garcés insistió en la necesidad de reducir los gastos de funcionamiento y planteó que el ajuste debería acercarse a $40 billones para contribuir a la estabilización de las finanzas nacionales.