La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Gigante, Huila, por una presunta omisión en la prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de la institución educativa Silvania. La investigación busca establecer las circunstancias que han rodeado la falta de este servicio y sus posibles efectos sobre los alumnos que deben desplazarse desde zonas rurales.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, la situación se viene presentando desde 2024 y, pese a las dificultades reportadas, no se habrían adoptado las medidas correctivas necesarias por parte de las autoridades correspondientes. El organismo señaló que la problemática afecta principalmente a estudiantes de sectores rurales que requieren el transporte para poder llegar hasta el establecimiento educativo.

Dentro de las actuaciones conocidas por el Ministerio Público también aparecen fallos de tutela en los que se ordenó adoptar medidas en favor de los estudiantes. Por esta razón, la indagación busca determinar si las entidades involucradas actuaron oportunamente para garantizar el acceso efectivo al servicio educativo y si existió una adecuada coordinación institucional para cumplir las órdenes emitidas por los jueces.

La Procuraduría también pretende establecer si las eventuales omisiones pueden ser atribuidas a servidores públicos plenamente identificables. Para ello, el órgano de control adelantará las actuaciones correspondientes con el propósito de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones de los funcionarios involucrados.

El caso adquiere especial relevancia para el Ministerio Público debido a que los hechos objeto de análisis estarían relacionados con una posible afectación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, considerados sujetos de especial protección constitucional. La apertura de la indagación previa constituye una etapa inicial del proceso y será a partir de las pruebas recopiladas que se determinará si existen elementos para avanzar en una eventual investigación disciplinaria.