La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva frente al proceso contractual que adelanta Colombia Compra Eficiente para la adquisición de herramientas de ciberseguridad destinadas a entidades públicas, cuyo valor ronda los 300.000 millones de pesos. El organismo de control advirtió posibles irregularidades y solicitó explicaciones sobre varios aspectos que considera determinantes para garantizar la transparencia de la contratación.

Entre los puntos requeridos por el Ministerio Público se encuentran la existencia de una verdadera pluralidad de oferentes, la dependencia de autorizaciones otorgadas por fabricantes, la posible concentración de la distribución en un solo canal, la selección de marcas durante la operación secundaria, la metodología de evaluación económica y los mecanismos previstos para la gestión de riesgos.

La Procuraduría también pidió aclaraciones sobre los requisitos de experiencia exigidos a los proponentes, las condiciones relacionadas con el personal requerido, los criterios técnicos de calificación y las presuntas inconsistencias detectadas entre el pliego de condiciones, sus anexos, los formatos y la minuta del proceso. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la competencia en este tipo de contrataciones debe ir más allá del cumplimiento formal de requisitos y propiciar una participación amplia de los interesados.

El ente de control enfatizó que las reglas del proceso no deben favorecer la selección de una marca que limite la competencia a uno o pocos proveedores. No obstante, aclaró que la actuación tiene un carácter exclusivamente preventivo y, por tanto, no implica la suspensión del proceso de contratación.

Como parte de sus recomendaciones, la Procuraduría exhortó a Colombia Compra Eficiente a realizar mesas técnicas antes de avanzar a las etapas definitivas del proceso. La propuesta contempla la participación de fabricantes, proveedores, integradores tecnológicos, expertos en ciberseguridad, gremios y entidades compradoras, con el propósito de fortalecer la competencia, reducir riesgos y asegurar que la contratación se desarrolle bajo criterios de objetividad, pluralidad y transparencia.