El Gobierno nacional puso en marcha una estrategia integral para fortalecer el control de armas de fuego en las empresas de vigilancia y seguridad privada del país. La medida, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca evitar el uso indebido del armamento y blindar al sector frente a posibles infiltraciones de estructuras criminales.
La estrategia es liderada por el Ministerio de Defensa y cuenta con la coordinación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como del Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares. Estas entidades desarrollaron un protocolo interinstitucional para estandarizar el bloqueo operativo, la custodia preventiva y el seguimiento administrativo de armas vinculadas a procesos sancionatorios.
El objetivo es prevenir desvíos en el uso del armamento asignado y garantizar un control estricto en todo el territorio nacional. Para ello, se han reforzado los canales de comunicación entre autoridades competentes, promoviendo una acción coordinada frente a cualquier irregularidad.
La Superintendencia de Vigilancia lidera la implementación de estos nuevos protocolos, que buscan garantizar la legalidad y eficiencia del sector. Las medidas también apuntan a fortalecer la transparencia institucional y proteger a la ciudadanía mediante una supervisión más rigurosa.
Con esta estrategia, el Gobierno avanza en el cumplimiento de los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993 y de la Circular Externa Conjunta 20224100000195, que regulan la tenencia de armas en los servicios de vigilancia y seguridad privada.
