El Senado de la República aprobó la conciliación del proyecto de Acto Legislativo que fortalece la autonomía de departamentos, distritos y municipios. Este paso permitirá la promulgación de una norma constitucional que incrementará gradualmente los recursos transferidos a las regiones, alcanzando el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación para 2027. Actualmente, las regiones reciben apenas un poco más del 20%, una cifra que busca corregirse tras décadas de centralismo.
La iniciativa fue conciliada por los senadores Ariel Ávila, Germán Blanco y Fabio Amin, quienes destacaron que la reforma es un avance histórico hacia las promesas de autonomía territorial establecidas en la Constitución de 1991. Según el proyecto, el aumento en las transferencias se ejecutará progresivamente en un plazo máximo de 12 años, marcando un hito en la descentralización administrativa y fiscal del país.
El ministro del Interior, Luis Fernando Cristo, resaltó que la reforma fue aprobada por consenso, integrando a la bancada de gobierno, partidos independientes y la oposición. Esto refleja un compromiso político amplio para fortalecer las capacidades de los entes territoriales. Además, anunció que a partir de enero de 2025 se convocará a todas las fuerzas políticas para discutir una Ley de Competencias que defina las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
El gobierno ya trabaja en conjunto con los ministerios de Hacienda, Salud, Vivienda, Educación y Planeación Nacional para preparar el proyecto de Ley de Competencias. Según el ministro Cristo, esta ley será clave para definir el futuro del Estado colombiano y construir un acuerdo nacional que involucre a todas las regiones del país, incluidos sectores afectados por la violencia, comunidades indígenas, afros y campesinas.
La reforma representa una oportunidad para transformar la relación entre el gobierno central y las regiones, asegurando un modelo más equitativo de distribución de recursos. Con este avance, se espera fortalecer la capacidad de los territorios para responder a las necesidades de sus comunidades, garantizando mayor autonomía en la gestión de proyectos y programas esenciales para el desarrollo local.
