Un informe de la Contraloría General de la República concluyó que 33 de las 34 universidades públicas del país no son autosostenibles financieramente. El diagnóstico revela que el 97% de estas instituciones no pueden financiar su operación con ingresos propios, confirmando una dependencia estructural de las transferencias del Estado y un déficit que compromete la viabilidad del sistema y la autonomía universitaria.

Frente a estas conclusiones, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo actual es insostenible, aunque aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual vinculó los aportes estatales al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según la cartera educativa, la universidad pública no fue concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, principio respaldado por sentencias de la Corte Constitucional.

Hallazgos críticos y la excepción a la regla

El análisis de la Contraloría identificó que solo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) cubre sus costos con ingresos propios. En el extremo opuesto, instituciones como la Universidad de Sucre (Unisucre) presentan una situación crítica, donde se pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional de Colombia, sede principal, registra el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe advierte que esta dependencia financiera puede erosionar la autonomía de las instituciones.

La postura del Ministerio: inversión histórica y reformas en marcha

El Ministerio de Educación destacó las medidas adoptadas para enfrentar la crisis. Señaló que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes y reduce la presión financiera sobre las instituciones. Además, resaltó que la inversión en universidades públicas para el período 2023-2026 asciende a $15 billones, representando el mayor incremento real en más de una década.

En materia de infraestructura, la cartera anunció la ejecución del primer plan nacional universitario, con $2,2 billones invertidos en 120 proyectos distribuidos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones comprometidos a diez años.

Brechas de financiación y perspectivas distintas sobre los pasivos

Uno de los puntos críticos es la desigualdad en la asignación de recursos. La Contraloría evidenció que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones anuales, concentrándose el 48% de los recursos en solo cuatro universidades. El Ministerio, en respuesta, indicó que gracias a criterios de asignación orientados a cerrar brechas, el coeficiente de Gini del sistema bajó a 0,43 en 2024, mostrando una reducción en la desigualdad interinstitucional.

Sobre el pasivo pensional, señalado por la Contraloría como un riesgo financiero, el Ministerio matizó que estas obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1% del gasto pensional nacional.

Consenso en la necesidad de cambio, divergencia en el enfoque

Ambas entidades coinciden en la necesidad fundamental de repensar el modelo financiero de la educación superior pública para garantizar su sostenibilidad, equidad y fortalecimiento. Sin embargo, difieren en el énfasis: mientras la Contraloría se centra en la gravedad del diagnóstico actual de las finanzas, el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya implementadas y sus efectos proyectados para el futuro del sistema.