El acto de excusas públicas y reconocimiento de responsabilidad del Estado por su omisión frente a la masacre de Bojayá estuvo marcado por los conmovedores relatos de las víctimas, quienes recordaron el horror vivido el 2 de mayo de 2002 y las décadas de violencia que golpearon a las comunidades de Bellavista, Bojayá y Vigía del Fuerte.

Durante la ceremonia, uno de los sobrevivientes aseguró que la magnitud de la tragedia aún resulta imposible de describir. «Aquí pasó un genocidio, lo que ocurrió aquí fue terrible», expresó al recordar que miles de personas se vieron obligadas a abandonar su tierra por causa del conflicto armado. También lamentó que las nuevas generaciones no alcancen a dimensionar el sufrimiento vivido por quienes permanecieron en la región durante los años más violentos.

El hombre evocó además las desgarradoras escenas que dejaba la violencia en el río Atrato, donde, según relató, era frecuente encontrar cuerpos mutilados arrastrados por la corriente. Contó que en algunos periodos los habitantes de Bellavista observaban pasar varios cadáveres cada día y que, ante la imposibilidad de sepultarlos a todos, muchos debían continuar río abajo.

Otra de las sobrevivientes recordó los angustiosos momentos posteriores a la explosión del cilindro bomba lanzado contra la iglesia de Bellavista. La mujer relató que recuperó la conciencia al escuchar la voz del médico Marcelo, quien pedía a los heridos que respiraran y gritaran para comprobar que seguían con vida. Tras reaccionar, encontró a su madre y a su hijo entre los sobrevivientes, una escena que, aseguró, permanece intacta en su memoria.

El acto se llevó a cabo como parte del reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado por su omisión frente a la masacre de Bojayá, en la que murieron 79 personas, entre ellas 45 niños, tras la explosión de un cilindro bomba lanzado por integrantes de las entonces Farc durante un enfrentamiento con un grupo paramilitar. Además, el Estado reconoció su responsabilidad por otras graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que afectaron a las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte, entre ellas desplazamientos forzados y hechos de violencia sexual.