La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada destapó un caso de infiltración de estructuras criminales en el sector de la seguridad privada y ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento en varias regiones del país.

Entre las decisiones adoptadas figuran sanciones contra compañías en Barranquilla como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las que se les canceló la licencia en fallo de primera instancia. Según la entidad, las investigaciones revelan un patrón en el que empresas obtienen permisos legales, pero luego destinan personal, armas o recursos a organizaciones ilegales.

El superintendente Larry Álvarez aseguró que las actuaciones se adelantan con respeto al debido proceso, pero con una postura firme frente a las irregularidades. Además, confirmó que otras ocho empresas serán sancionadas próximamente como resultado de indagaciones en curso.

En medio de las investigaciones, las autoridades detectaron que armas con permisos legales terminaron involucradas en hechos delictivos, así como vínculos entre personal de estas compañías y estructuras criminales, lo que podría estar relacionado con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales.

Este operativo se desarrolla en articulación con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación, lo que ha permitido fortalecer el control de armas en manos de particulares, avanzar en procesos con impacto judicial y mejorar el cruce de información para identificar irregularidades.

El superintendente destacó que el sector de la vigilancia privada sigue siendo clave para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias, y subrayó que la mayoría de las empresas opera dentro de la legalidad. No obstante, advirtió que cualquier compañía que incumpla la ley o sea utilizada para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional.

La entidad reiteró que mantendrá una vigilancia estricta basada en inteligencia, analítica de datos y trabajo interinstitucional para evitar que estas empresas sean utilizadas por organizaciones criminales.