La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional del decreto con el que el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica y social en todo el país.

La decisión, basada en la ponencia del magistrado Carlos Camargo, fue aprobada con seis votos a favor y dos en contra. El alto tribunal consideró que la medida era necesaria para evitar posibles daños irreparables mientras se realiza el control constitucional de fondo.

El decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 queda así suspendido hasta que la Corte emita una decisión definitiva. La sala estuvo integrada por ocho magistrados, debido al impedimento aceptado del presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez.

En una ponencia de 86 páginas, Camargo argumentó que el decreto presenta vicios formales y materiales que justifican una medida cautelar excepcional. Según el magistrado, la norma carece de una motivación suficiente frente a las ocho causas invocadas por el Gobierno y presenta irregularidades en su firma.

Uno de los puntos más sensibles señalados por Camargo es que el decreto habría sido usado como vía para introducir reformas fiscales o tributarias sin el debate democrático en el Congreso, lo que —advirtió— vulneraría principios esenciales de la Constitución.