El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminaba la prima especial de los congresistas, un beneficio salarial estimado en cerca de 18 millones de pesos y regulado por la Ley 4 de 1992. La decisión se mantendrá mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada contra la norma.

La medida fue adoptada por el conjuez ponente Héctor Santaella Quintero, quien concluyó que existen elementos suficientes para decretar la suspensión cautelar. En el auto se señala que, tras un análisis preliminar, «surgen con claridad, en esta etapa temprana del proceso (…), elementos suficientes para evidenciar la infracción de principios y reglas constitucionales y legales estructurales dentro del Estado social y democrático de Derecho», razón por la cual consideró procedente dejar sin efectos temporalmente el decreto.

Uno de los argumentos centrales del Consejo de Estado es que, aunque la norma eliminaba la prima especial únicamente para los congresistas, sus efectos podrían extenderse a otros altos funcionarios del Estado debido a la forma en que está estructurado el régimen salarial. El auto advierte que la decisión tendría un «efecto cascada», ya que «sus efectos se proyectan más allá de quienes conforman el órgano legislativo» y «se esparcen capilarmente a lo largo de un sinnúmero de órganos estatales y corporaciones públicas».

Según la providencia, la suspensión busca evitar posibles impactos en la remuneración de funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, cuyos regímenes salariales están vinculados por ley a los ingresos de los congresistas.

El alto tribunal aclaró que la decisión corresponde únicamente a una medida cautelar y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto ni sobre la potestad reglamentaria del Gobierno. En consecuencia, la derogatoria del Decreto 2170 de 2013 queda suspendida mientras el Consejo de Estado adelanta el estudio de fondo de la demanda de nulidad.