La Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución mediante la cual el Gobierno Nacional designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz. La decisión se produjo al resolver dos solicitudes de medidas cautelares presentadas dentro de demandas que buscan la nulidad de ese acto administrativo.

Una de las acciones fue interpuesta por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien argumentó que la resolución expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz presenta diversas irregularidades, entre ellas la falta de claridad sobre el período de vigencia de la designación.

La demanda también sostiene que el nombramiento vulnera los derechos de las víctimas y carece de controles suficientes sobre los desplazamientos de Mancuso. En ese sentido, señala que su designación como gestor de paz constituye una revictimización, debido al contraste entre las decisiones judiciales que lo condenaron por múltiples crímenes y el reconocimiento que implica otorgarle esa investidura.

Asimismo, los demandantes cuestionaron la coherencia de la medida al afirmar que, si el Estado ha sostenido que la desmovilización de Mancuso puso fin a su liderazgo en las estructuras paramilitares, no resulta consistente sugerir ahora que aún mantiene influencia o ascendencia sobre grupos armados ilegales.

Al resolver las demandas acumuladas, la Sección Primera del Consejo de Estado negó una de las solicitudes de medidas cautelares, pero accedió a la otra y ordenó la suspensión provisional de la resolución que designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz, mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.