El Gobierno de Venezuela reiteró que la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio es una competencia exclusiva del Estado y aseguró que ya puso en marcha un plan que involucra a empresas públicas, industrias nacionales y al sector privado para avanzar en las labores de recuperación.

La reacción de Caracas se produjo luego de las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien afirmó durante un acto público que la reconstrucción de Venezuela «tiene que hacerla Colombia» y anunció que llevaría esa propuesta ante el Gobierno de Estados Unidos. La Cancillería venezolana dijo haber recibido esas afirmaciones «con extrañeza» y consideró que el mandatario electo pretende atribuirse funciones que corresponden únicamente al Estado venezolano.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo insistió en que la planificación, dirección y ejecución del proceso de recuperación de las zonas devastadas por el sismo recaen exclusivamente en las autoridades venezolanas. De acuerdo con el balance oficial, la tragedia dejó 4.118 fallecidos y daños en cerca de un millar de edificaciones ubicadas en la costa norte del país.

No obstante, el Gobierno señaló que, si las circunstancias lo requieren, podrá establecer acuerdos de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales para apoyar la reconstrucción. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares para recibir donaciones internacionales y ha garantizado que habrá recursos destinados a la recuperación de viviendas e infraestructura.

En los últimos días, Rodríguez también hizo un llamado a empresas nacionales y extranjeras para acelerar la construcción de viviendas y el desarrollo de nuevas «ciudades antisísmicas». Asimismo, Caracas confirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos para abrir una nueva línea de cooperación y destacó el respaldo ofrecido por Brasil. Sin embargo, precisó que, por el momento, no existe ninguna coordinación prevista con el Gobierno electo de Colombia.