El demandante presentó una serie de acusaciones de supuestas irregularidades, pero no mostró ninguna prueba o respaldo de los graves señalamientos, al punto que el Consejo de Estado ni siquiera encontró mérito para estudiar la demanda.

El demandante aseguraba que se había presentado un fraude, votos robados al candidato Rodolfo Hernández en Chocó, Valle del Cauca, Putumayo y Vaupés, situación que se permitió por la falta de jurados de votación o testigos electorales. Igualmente, mencionaba que la campaña del candidato del Pacto Histórico había comprado votos con dinero en efectivo.

En el fallo de diez páginas, manifiesta que, pese a que se le habían pedido varias correcciones en la demanda porque “continúa realizando una acumulación indebida de causales objetivas y subjetivas, pues en el escrito de subsanación reiteró la compra de votos como una de las irregularidades que vician la elección demandada”.

“Tampoco cumplió con la obligación de señalar con exactitud las zonas, los puestos y las mesas, por cada municipio, en los que se habrían presentado la suplantación de votantes, junto con las cédulas de las personas que fueron suplantadas y la modalidad, pues el demandante se limitó a indicar la zona y el número de cédula de tres personas, con las que pretendía probar que 30 mil personas se trasladaron a sus puestos de votación, pero no pudieron ejercer su derecho, pues su voto ya había sido depositado”, señala la decisión.