La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras adelantar 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, entes territoriales y el Sistema General de Regalías. Los hallazgos incluyen sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan la alimentación de miles de estudiantes.

Según el informe del organismo de control, los sobrecostos representan la mayor parte del daño fiscal, con un valor estimado de $18.106 millones. Además, se identificaron pagos sin soportes por $2.790 millones, problemas contractuales por $2.706 millones e incumplimientos técnicos por $649 millones, lo que evidencia deficiencias en la gestión del programa.

La región Centro Oriente concentra los hallazgos más significativos, con nueve casos que suman $12.363 millones. El más grave se registró en Soacha (Cundinamarca), donde se reporta un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados. En Boyacá, se encontraron diferencias entre los pagos reconocidos y los efectivamente entregados a manipuladoras de alimentos, generando un presunto daño fiscal de $2.010 millones.

El ente de control también advirtió sobre el inicio tardío del PAE en 2026, lo que afectará a cerca de 800.000 estudiantes debido a que la entrega de alimentos no coincide con el calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.

Finalmente, la Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la prestación oportuna y transparente del programa, evitando que los retrasos y malos manejos continúen afectando la nutrición y permanencia escolar de miles de niños, niñas y adolescentes en el país.