El presidente Abelardo De La Espriella comenzó a desmontar formalmente varios de los procesos de diálogo heredados del Gobierno de Gustavo Petro y creados en el marco de la política de paz total. A través de varias resoluciones expedidas el 28 de agosto, el Ejecutivo puso fin a dos mesas de diálogos de paz con disidencias de las Farc y a un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

El primero de los procesos cerrados corresponde a la mesa que se adelantaba con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte; comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, estructuras que actualmente están bajo el mando de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’. Mediante la Resolución 343, el Gobierno ordenó terminar las conversaciones argumentando una “ausencia de voluntad de paz” y dejó sin efecto la resolución de 2023 que había autorizado la instalación de esta mesa.

El Gobierno también dio por terminado el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). La Resolución 346 determinó el cierre de la mesa al considerar que se había perdido la voluntad de paz y que no existían elementos suficientes para continuar acreditando una intención de reincorporación a la vida civil. El proceso tenía su origen en las conversaciones con la Segunda Marquetalia, aunque posteriormente estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera adoptaron la denominación CNEB.

En paralelo, el Ejecutivo decidió finalizar el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca. Este mecanismo había sido creado para verificar la voluntad de la organización de avanzar hacia el sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios. Según el Gobierno, las conversaciones se debilitaron y no fue posible evidenciar una voluntad real de paz y sometimiento a la justicia. Además, mediante la Resolución 348 se revocó el reconocimiento como miembros representantes a nueve integrantes de la organización y se solicitó reactivar las órdenes de captura.

Finalmente, el Gobierno revocó otros reconocimientos que permitían a algunos cabecillas participar en los procesos de paz. Entre los afectados se encuentran Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cuyas extradiciones a Estados Unidos fueron ordenadas por el presidente esta misma semana. Con estas decisiones, la administración De La Espriella avanza en el cierre de varios de los mecanismos de negociación que hicieron parte de la política de paz total del anterior Gobierno.