El presidente Abelardo De La Espriella anunció el cierre de los procesos de negociación que se adelantaron durante el Gobierno de Gustavo Petro con diferentes grupos armados y estructuras delincuenciales. La decisión incluye la revocatoria de las mesas de diálogo con las bandas que operan en Medellín, Buenaventura y Quibdó, además de la terminación de las designaciones de los negociadores que habían sido nombrados para representar al Gobierno en estos procesos.

De acuerdo con el mandatario, durante el cuatrienio anterior se destinaron más de $7.000 millones exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores vinculados a estos escenarios de diálogo. Esta cifra, según explicó De La Espriella, no incluye otros gastos asumidos por el Estado, como esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás recursos relacionados con el desarrollo de las negociaciones.

Durante el Gobierno Petro se adelantaron conversaciones con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, además de acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. De igual manera, se establecieron espacios de diálogo con estructuras delincuenciales de Medellín, Buenaventura y Quibdó, procesos en los que participaron representantes y negociadores designados tanto por las organizaciones armadas como por el Ejecutivo.

Frente a la nueva política, el presidente De La Espriella aseguró que su administración no mantendrá escenarios institucionales que, a su juicio, puedan ser utilizados para prolongar las actividades delictivas, obtener beneficios procesales o evadir la justicia. El mandatario señaló que quienes tengan una voluntad real de abandonar las armas deberán someterse a la justicia, mientras que aquellos que continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentados por la Fuerza Pública dentro del marco de la ley.

Con estas decisiones, el Gobierno de De La Espriella marca un cambio frente a la estrategia de paz total impulsada por la anterior administración y pone fin a las mesas y mecanismos de negociación que permanecían vigentes con distintos grupos armados y bandas criminales. El Ejecutivo plantea ahora que cualquier eventual sometimiento o desarme deberá desarrollarse bajo las condiciones establecidas por la justicia y sin mantener estructuras de diálogo que, según el Gobierno, puedan ser aprovechadas por organizaciones ilegales.