Una demanda presentada por el activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, busca frenar la vinculación de cerca de 4.200 excombatientes de las FARC a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El recurso pretende suspender los efectos de la resolución que autoriza la contratación de los exintegrantes de la antigua guerrilla dentro de la entidad encargada de la seguridad de funcionarios, líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación.

Fiesco argumenta que detrás de esta medida existe un interés político y advierte que la vinculación de exguerrilleros podría afectar a los escoltas que han trabajado durante años en la institución. Por ese motivo, el demandante pidió la adopción de medidas cautelares para suspender la aplicación de la resolución mientras se estudia el fondo del caso.

“El reemplazo de 4.200 escoltas de la UNP por exintegrantes de las FARC es una fórmula que —según él— la izquierda ha utilizado para eliminar la oposición política. Hay una gran diferencia entre quienes han servido al país y quienes tuvieron una carrera delictiva”, señaló el activista.

Fiesco afirmó que con esta acción busca “defender el país” y respaldar a los miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares, argumentando que el Estado debe priorizar la seguridad a través de personal con formación en defensa nacional.