El Juzgado Primero de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink.
La defensa pidió reemplazar la detención intramural por detención domiciliaria, argumentando el delicado estado de salud del procesado, quien permanece hospitalizado desde mayo y ha asistido a las audiencias desde una cama clínica. El abogado Orlando Anaya sostuvo que Martínez padece afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna, por lo que solicitó que continuara su recuperación en su lugar de residencia.
No obstante, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida. Explicó que el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ya había ordenado que Martínez permaneciera en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación, decisión que ese despacho no podía alterar sin exceder sus competencias.
El despacho también descartó ordenar el traslado del procesado a su vivienda, al considerar que ello podría poner en riesgo su recuperación y significaría desconocer la decisión adoptada por el juez competente. En ese sentido, señaló que mantener la medida intrahospitalaria busca preservar el derecho a la vida del procesado mientras persista su condición médica.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Martínez habría participado en la creación, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel utilizadas para simular operaciones de comercio exterior, evadir controles aduaneros e ingresar al país prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos de contrabando con apariencia de legalidad.
Las autoridades establecieron además que varias de esas sociedades registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.