La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que tres generales retirados del Ejército y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad dentro del proceso que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate, en el denominado Subcaso Costa Caribe.
La investigación del tribunal documentó un patrón criminal que habría operado entre 2002 y 2008 en unidades militares de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Según la JEP, 28 comparecientes fueron imputados por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles.
Entre quienes comparecerán se encuentran los mayores generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública. La jurisdicción sostiene que los hechos respondieron a un patrón de presentar civiles asesinados como supuestos guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados operacionales.
La JEP estableció que entre las víctimas hay 26 menores de edad, 14 mujeres —una de ellas embarazada— y 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo. La investigación se sustentó en cientos de testimonios de comparecientes, informes de entidades estatales, organizaciones de víctimas y miles de documentos recopilados durante el proceso.
Como parte de las acciones de búsqueda, el tribunal también ha intervenido lugares donde podrían encontrarse personas desaparecidas. En estas diligencias se han recuperado 93 cuerpos y se ha logrado identificar a 20 víctimas, de las cuales 18 fueron asesinadas por integrantes de unidades militares de la región Caribe.
Las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad se realizarán en dos etapas. La primera tendrá lugar en Barranquilla, entre el 30 de junio y el 1 de julio, con la participación de 10 comparecientes, incluidos dos generales retirados. La segunda se llevará a cabo en Valledupar los días 28, 29 y 30 de julio, cuando otros 25 militares deberán responder por el patrón criminal documentado por la JEP.