El Tribunal Superior de Bogotá confirmó el la absolución del empresario cartagenero Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue por dos de los delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. En su decisión, la Sala Penal concluyó que el ente acusador no logró demostrar su responsabilidad penal en los hechos investigados. El fallo de segunda instancia puso fin a esa etapa del proceso y quedó en firme al no presentarse recurso extraordinario de casación.
La decisión ratificó la absolución que había emitido el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 26 de agosto de 2024 por los delitos de homicidio agravado y financiación de organizaciones delictivas. Tras revisar el material probatorio, el Tribunal consideró que no existían elementos suficientes para atribuirle al empresario responsabilidad penal por esas conductas.
En la sentencia, la Sala Penal sostuvo que no era posible establecer, como lo pretendía la Fiscalía, la responsabilidad de Hilsaca en los delitos por los que había sido procesado. El pronunciamiento se produjo después de examinar las pruebas incorporadas al expediente y evaluar los argumentos presentados durante el proceso judicial.
El caso también incluyó el cargo de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, sobre este delito no hubo una decisión de fondo, debido a que el juzgado declaró la prescripción de la acción penal por el vencimiento de los términos legales. Esta figura jurídica impidió continuar con el juzgamiento de ese cargo, por lo que debe distinguirse de una absolución sustentada en el análisis de las pruebas.
La decisión de segunda instancia quedó en firme luego de que ninguna de las partes presentara un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, concluyó el proceso en los términos establecidos por las decisiones judiciales. Los pronunciamientos de ambas instancias constituyen los documentos centrales para conocer los fundamentos jurídicos y probatorios de lo resuelto.
El caso de Alfonso Hilsaca pone de relieve la importancia de la valoración de las pruebas en los procesos penales y de las garantías judiciales para las personas investigadas. Mientras la absolución fue confirmada respecto de los cargos de homicidio agravado y financiación de organizaciones delictivas, el cargo de concierto para delinquir agravado terminó por prescripción, sin un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad penal por ese delito.