La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre dos situaciones que ponen en riesgo los derechos y la vida de niños, niñas y adolescentes en Colombia: la posibilidad de que menores mueran durante bombardeos contra grupos armados y el aumento de las autolesiones entre jóvenes del litoral Pacífico, en algunos casos como un intento de evitar el reclutamiento forzado. La funcionaria pidió fortalecer las medidas de protección para esta población ante los efectos de la violencia y el conflicto armado.
Frente a las operaciones militares, Marín señaló que en regiones como el Catatumbo, Cauca y Guaviare es previsible la presencia de menores de edad en zonas donde se encuentran los objetivos militares. Por ello, solicitó al Gobierno nacional evaluar alternativas y adoptar medidas de precaución que permitan proteger a niños y adolescentes. La defensora insistió en que sus muertes no deben convertirse en una consecuencia habitual ni ser asumidas como un daño colateral inevitable de la guerra.
La segunda alerta está relacionada con las afectaciones a la salud mental de jóvenes del litoral Pacífico, donde se ha advertido sobre suicidios, intentos de suicidio y conductas de autolesión. Entre los factores que inciden en esta problemática se encuentran la violencia de género, el racismo estructural y la exposición permanente a grupos armados, especialmente por el temor a ser reclutados contra su voluntad.
Uno de los aspectos más preocupantes identificados por la Defensoría del Pueblo es que algunos menores estarían recurriendo a las autolesiones para intentar impedir que sean incorporados a organizaciones armadas ilegales. La situación refleja el miedo que enfrentan en sus comunidades y las medidas extremas que algunos contemplan para escapar de una posible vinculación forzada al conflicto. Además, varias familias estarían sacando a sus hijos de sus territorios para protegerlos, mientras jóvenes de hasta 28 años también abandonan sus hogares ante el riesgo de terminar involucrados en la guerra.
La defensora del Pueblo advirtió que estas circunstancias afectan los proyectos de vida de los jóvenes y sus familias, obligados a enfrentar situaciones de riesgo o a desplazarse para salvaguardar su integridad. Por esta razón, la entidad hizo un llamado a fortalecer el acompañamiento institucional, prevenir el reclutamiento forzado y garantizar atención en salud mental. El objetivo es que niños, adolescentes y jóvenes puedan construir un futuro seguro, sin tener que hacerse daño ni abandonar sus comunidades para escapar de la violencia.