Ajustes en el Presupuesto General de la Nación 2027

La ponencia para segundo debate del Presupuesto General de la Nación para 2027 fue radicada con modificaciones que incluyen una reducción de $8,4 billones en el servicio de la deuda y la asignación de $3 billones para financiar subsidios de energía eléctrica y gas. El documento será discutido en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde deberá surtir el trámite legislativo correspondiente dentro de los plazos establecidos.

Entre los principales cambios se encuentra una adición de $4,5 billones al Ministerio de Hacienda, de los cuales $3,9 billones se destinarán a inversión. Estos recursos podrán utilizarse para la prevención y atención de desastres, así como para atender emergencias como la ocasionada por el terremoto mencionado en la ponencia. La modificación busca ajustar las partidas presupuestales para responder a diferentes necesidades del país.

Por su parte, el sector de Minas y Energía contará con $3 billones adicionales para financiar subsidios de electricidad y gas. La asignación contempla el gas distribuido por redes, el gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles en zonas de frontera. Estos recursos están orientados a respaldar los mecanismos de subsidio destinados a los usuarios beneficiarios de estos servicios.

La ponencia también incorpora $200.000 millones adicionales para la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, distribuidos en partes iguales: $100.000 millones para actividades de control electoral y otros $100.000 millones para procesos de identificación. Asimismo, se contemplan partidas adicionales por $100.000 millones para la Fiscalía General de la Nación, $150.000 millones para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y $12.000 millones para el Ministerio de Salud.

Finalmente, el presupuesto incluye $31.000 millones adicionales para el subsistema de salud de la Policía Nacional, dentro de los recursos asignados al sector Defensa y Policía. Las modificaciones deberán ser evaluadas por los congresistas durante el segundo debate, antes de la aprobación definitiva del presupuesto. La distribución final de los recursos dependerá del resultado de las deliberaciones y de las decisiones adoptadas por el Congreso de la República.

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