La Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió al magistrado Danilo Alfonso Rojas como nuevo presidente de la entidad para el periodo 2026-2028. El jurista obtuvo 23 votos y superó a los magistrados Reinere Jaramillo Chaverra y Camilo Suárez Aldana, quienes también aspiraban al cargo.
Rojas Betancourth asumirá oficialmente la presidencia el próximo 5 de noviembre, cuando finalice el periodo de Alejandro Ramelli Arteaga, quien dirige el tribunal desde noviembre de 2024. El nuevo presidente integra la Sección de Apelación de la JEP, instancia encargada de resolver recursos y adoptar decisiones de cierre dentro de la justicia transicional.
El magistrado es abogado de la Universidad Libre y cuenta con especializaciones en Instituciones Jurídico-Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia, así como en Derecho Público Administrativo de la Universidad Santo Tomás. También tiene una maestría en Derecho de la Universidad Nacional. Entre su trayectoria profesional figuran su paso por el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, su labor como docente universitario y su trabajo con el Consejo Noruego para Refugiados en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Asimismo, hizo parte del Consejo de Estado.
Uno de los asuntos que marcará el inicio de su administración será el recorte presupuestal previsto para la JEP en 2027. El presupuesto aprobado por el Congreso contempla una reducción de 181.000 millones de pesos para la entidad, una decisión que ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre el funcionamiento institucional y el avance de los procesos judiciales relacionados con graves crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.
Durante los dos años de su presidencia, Rojas tendrá a su cargo la dirección, coordinación y representación de la JEP, además de responsabilidades administrativas y judiciales. Su gestión comenzará en un contexto de debate sobre los recursos necesarios para el funcionamiento del tribunal y el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.