La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó los avances del plan de choque para resolver los pendientes en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos médicos, durante el Congreso Nacional de Asocajas, celebrado en Cartagena. La funcionaria también expuso las dificultades financieras y operativas del sistema de salud, el represamiento de trámites en el Invima y la necesidad de fortalecer los controles sobre los recursos destinados a la atención de los pacientes.
De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Salud, con corte al 14 de octubre, la estrategia registraba un avance del 42,89 % en la entrega de medicamentos pendientes, con 12.514.638 unidades dispensadas. Además, el 51 % de los pacientes identificados con entregas pendientes ya contaba con sus casos cerrados. La meta es distribuir 29 millones de unidades y atender a 602.000 personas, de las cuales aproximadamente 307.000 habían recibido atención.
En cuanto a los procedimientos médicos, el plan registraba un avance del 13 %, con cerca de 434.000 procedimientos resueltos y 229.000 pacientes beneficiados. La ministra explicó que estos resultados avanzan a un ritmo diferente al de la dispensación de medicamentos, debido a que la recuperación de servicios médicos puede requerir procesos más complejos. La estrategia comenzó el 20 de septiembre, tiene una duración de tres meses y contempla una población priorizada de 1,6 millones de personas, con recursos canalizados a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Vesga insistió en que el propósito no es únicamente resolver los casos acumulados, sino garantizar que los pacientes mantengan sus tratamientos después de finalizar la estrategia. Para ello, explicó que existen convenios de desempeño con las EPS y compromisos de continuidad en la atención. La Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías departamentales participan en el seguimiento de la población priorizada, especialmente de quienes requieren tratamientos de alto costo. Según la ministra, resolver estos casos también puede reducir la presión financiera y operativa sobre las EPS intervenidas y facilitar la atención de otros usuarios.
Sin embargo, la funcionaria cuestionó la administración de los recursos en algunas EPS intervenidas y advirtió sobre presuntas deficiencias de transparencia y control que estarían relacionadas con la acumulación de deudas, quejas, reclamos y tutelas. En ese contexto, planteó la necesidad de mejorar la trazabilidad de los recursos, integrar las fuentes de información y garantizar que los pagos correspondan a servicios efectivamente prestados. La ministra defendió un esquema en el que cada factura sea auditada y revisada antes de su pago, al considerar que las fallas en estos procesos han contribuido a las dificultades financieras y al cierre progresivo de servicios de salud.
Otro de los asuntos abordados fue el represamiento de trámites en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Según Vesga, la entidad acumula más de 16.000 solicitudes atrasadas y presenta dificultades en sus sistemas de información. La ministra señaló que se trabaja en una ruta para mejorar su capacidad de respuesta y modernizar sus procesos, con el objetivo de facilitar el acceso a medicamentos y nuevas tecnologías sin debilitar los controles de seguridad, calidad y eficacia exigidos por las autoridades sanitarias.
Finalmente, Vesga advirtió sobre el panorama financiero del sistema de salud y la acumulación de obligaciones con hospitales y otros prestadores. La funcionaria señaló que cerca de la mitad de la población colombiana está afiliada a EPS intervenidas y planteó la necesidad de establecer una hoja de ruta para atender los pasivos del sector. También puso sobre la mesa la discusión sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se reconoce por cada afiliado para financiar los servicios de salud, en medio de las dificultades para garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de la atención en el país.