El Gobierno Nacional prepara un decreto para establecer los procedimientos que deberán seguir las instituciones del Estado cuando se presenten fallecimientos durante operaciones de la Fuerza Pública legalmente ordenadas o que tengan una relación directa y verificable con estas. La iniciativa busca definir responsabilidades y garantizar la coordinación entre las autoridades involucradas.
La propuesta contempla la articulación de los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, los gobernadores y los alcaldes, quienes deberán mantener canales de comunicación y coordinación institucional para atender este tipo de situaciones.
De acuerdo con el borrador, cuando un integrante de la Fuerza Pública conozca de un fallecimiento relacionado con una operación legalmente ordenada, tendrá que informar inmediatamente a la Fiscalía o a la autoridad de policía judicial competente y suministrar los datos necesarios para facilitar la investigación y las actuaciones correspondientes.
El documento contempla una implementación inicial de seis meses, con una evaluación a los tres meses y la presentación de un informe final. Sin embargo, la propuesta deja varios interrogantes sobre el manejo y la protección de los cadáveres mientras llegan las autoridades judiciales y forenses, pues no establece procedimientos específicos, tiempos de respuesta ni quién debe asumir la responsabilidad de preservar la escena.
Asimismo, el borrador no precisa qué autoridad determinará si existe una relación directa entre el fallecimiento y la operación de la Fuerza Pública, ni define claramente quién tendrá a cargo la cadena de custodia y responderá por posibles alteraciones o contaminación de la escena. También quedan pendientes los mecanismos para establecer responsabilidades institucionales y las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones.