Campaña de la Procuraduría para blindar elecciones

Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha este lunes festivo la primera gran jornada nacional de sensibilización sobre la estrategia Paz Electoral, una iniciativa que busca garantizar comicios seguros, transparentes y respetuosos de la voluntad ciudadana.

Desde las primeras horas del 12 de enero, equipos del Ministerio Público se ubicaron en los principales accesos vehiculares de las capitales del país para recibir a millones de colombianos que regresaban a sus hogares tras el último puente festivo de la temporada. La actividad tuvo como propósito invitar a la ciudadanía a comprometerse con la defensa del proceso electoral y recordar que cada voto será determinante para el futuro institucional del país.

Durante la jornada, los funcionarios entregaron mensajes informativos y dialogaron con los ciudadanos sobre la importancia de participar conscientemente en las elecciones, en un contexto en el que persisten alertas tempranas sobre riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios.

Colombia acudirá a las urnas en tres fechas clave este año: el 8 de marzo, para elegir el Congreso de la República y participar en las consultas presidenciales; el 31 de mayo, para la primera vuelta presidencial; y, de ser necesario, el 21 de junio, para la segunda vuelta que definirá al próximo mandatario.

La estrategia Paz Electoral es liderada por el procurador general Gregorio Eljach, quien ha emprendido una cruzada institucional por la defensa del orden democrático. El funcionario ha reiterado que las elecciones de 2026 deben ser libres, seguras, conscientes y con pleno respeto por los resultados, e insistió en que el voto ciudadano define el rumbo político y social del país.

Además, la Procuraduría vigilará la conducta de los funcionarios públicos para evitar la intervención indebida en política y el uso de recursos del Estado en favor o en contra de candidatos. La entidad también contempla medidas para proteger la seguridad de las urnas, así como para prevenir la influencia de grupos armados ilegales, la desinformación y los ciberataques durante el proceso electoral.

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