El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó a su designación como nuevo superintendente nacional de Salud con un mensaje contundente, en el que anunció una ofensiva contra la corrupción y una transformación profunda del sistema en el país.
A través de su cuenta en X, el funcionario aseguró que su gestión en la Superintendencia Nacional de Salud estará enfocada en fortalecer la vigilancia y el control para sancionar a quienes, según afirmó, han afectado el manejo de los recursos del sector. En ese sentido, planteó la necesidad de un “reseteo” del modelo, acompañado de una reingeniería basada en tecnología, incluyendo herramientas como inteligencia artificial y Big Data.
Quintero también hizo un llamado a expertos en tecnología para sumarse a este proceso y advirtió que su gestión será “sin miedo” frente a posibles redes de corrupción. Incluso, lanzó fuertes críticas al sistema actual, señalando que buscará desmantelar estructuras que, a su juicio, han permitido el desvío de recursos de la salud.
Su llegada se da en medio de una compleja coyuntura del sistema sanitario colombiano, con al menos diez EPS intervenidas por la Superintendencia debido a problemas financieros que han afectado la atención de millones de usuarios. Entre ellas se encuentran Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS, Emssanar, Capresoca y Coosalud.
El nombramiento ocurre tras la salida de Bernardo Camacho, quien renunció luego de que el presidente Gustavo Petro se lo solicitara, en medio de diferencias sobre el manejo del sistema, especialmente en temas como la liquidación de EPS y el traslado de usuarios.
En su pronunciamiento, Quintero defendió su experiencia de gestión, recordando su paso por la Alcaldía de Medellín durante la pandemia, y señaló que asume este reto también desde una perspectiva personal, al ser padre de una niña trasplantada. “Voy a trabajar por cada niño, padre y familia que necesita ser atendida”, concluyó.
Su llegada marca un nuevo capítulo en la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, en un escenario de alta presión social, tensiones políticas y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del sistema.