La Defensoría del Pueblo y ACNUR advirtieron sobre el agravamiento del confinamiento en Colombia. Durante el primer trimestre de 2026, cerca de 40.000 personas se vieron obligadas a permanecer en sus territorios debido a la intensificación del conflicto armado.
Los departamentos más afectados por esta situación son Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía, donde se concentra la mayor parte de los eventos reportados.
De acuerdo con el informe, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes continúan siendo los más impactados. De los 26 eventos documentados en este periodo, 17 afectaron a comunidades étnicas y 9 a comunidades campesinas, lo que evidencia un incremento progresivo en estos territorios.
El fenómeno está asociado al control social y territorial que ejercen grupos armados ilegales, lo que deriva en restricciones a la movilidad y limitaciones en el acceso a derechos básicos. Estas condiciones pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, afectando de manera directa la vida cotidiana de las comunidades.
El confinamiento implica graves riesgos humanitarios, al restringir el acceso a servicios esenciales como salud, educación, alimentación y vivienda, además de afectar las prácticas culturales y la relación de las comunidades con su territorio.
Las autoridades han reiterado la importancia de que las personas afectadas sean incluidas en el Registro Único de Víctimas, con el fin de acceder a rutas de atención y reparación. En Colombia, el confinamiento es reconocido como hecho victimizante desde 2016.
Este fenómeno, caracterizado por la imposición de restricciones a la movilidad mediante intimidación, suele ser menos visible que el desplazamiento forzado, pero genera graves vulneraciones a los derechos humanos y mantiene a las comunidades en condiciones de aislamiento prolongado.