El Gobierno nacional anunció una ofensiva militar y policial sin precedentes, apoyada en tecnología avanzada y una bolsa de recompensas, con el objetivo de desarticular estructuras criminales que operan en el suroccidente del país y restablecer la seguridad en la región.
Tras los recientes hechos violentos, el Ejecutivo lideró un consejo de seguridad extraordinario en Palmira para definir una hoja de ruta inmediata. Como parte de las medidas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por alias ‘Marlon’, 500 millones por alias ‘Max Max’ y 200 millones por alias ‘Yogui’.
Además, se estableció un incentivo de hasta 200 millones de pesos para quienes suministren información que permita prevenir nuevos atentados, como parte de una estrategia que busca fortalecer la colaboración ciudadana a través de la línea 157.
En el plano operativo, el Gobierno confirmó el refuerzo del dispositivo de seguridad con la llegada de ocho nuevos pelotones del Ejército Nacional y dos unidades blindadas, que serán desplegadas en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Asimismo, se incorporarán sistemas aéreos no tripulados (drones) para mejorar las labores de vigilancia y monitoreo, con el fin de optimizar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.
El jefe de la cartera de Defensa rechazó el uso de artefactos explosivos en zonas urbanas y la utilización de vehículos escolares por parte de grupos armados, calificando estas prácticas como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. “Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad. Doblegarnos es darle espacio al terrorismo y no vamos a permitir que sigan afectando a la población civil”, advirtió.
La estrategia también contempla un enfoque en la asfixia financiera de estas estructuras, con el fortalecimiento de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal, consideradas como principales fuentes de financiación de la violencia. En ese sentido, el ministro hizo un llamado a los integrantes de estos grupos a someterse a la justicia y evitar la acumulación de nuevos delitos.
El consejo de seguridad contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quienes destacaron la articulación con el Gobierno nacional para enfrentar la situación.
Finalmente, el ministro reiteró que el Estado utilizará toda su capacidad para garantizar el orden público y mantener una ofensiva sostenida contra quienes atenten contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.