Ecuador reduce aranceles a productos colombianos

El gobierno de Ecuador anunció la reducción del arancel a las importaciones provenientes de Colombia, que pasará del 100% al 75%, en un intento por abrir espacios de cooperación y disminuir las tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

La decisión se produce en un contexto de roces entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, cuyas diferencias han impactado sectores como el comercio, el transporte de crudo y la cooperación energética.

El arancel, que inicialmente era del 30% en febrero, se elevó al 100% en abril en medio del deterioro de las relaciones bilaterales. La reducción comenzará a regir el 1 de junio, un día después de las elecciones presidenciales en Colombia. Noboa había señalado previamente que cualquier negociación se daría con el próximo gobierno colombiano.

En respuesta a estas medidas, Colombia adoptó aranceles recíprocos, con excepciones para insumos ecuatorianos utilizados en la producción nacional.

Las tensiones diplomáticas también han incluido el llamado a consultas de los embajadores de ambos países. En un comunicado, la Presidencia ecuatoriana aseguró que la reducción del arancel “ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad”.

El gobierno de Noboa ha argumentado que la falta de control en el lado colombiano de la frontera —de aproximadamente 600 kilómetros— lo ha obligado a destinar cerca de 400 millones de dólares adicionales en seguridad.

En esta zona operan redes vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas, factores que han intensificado las diferencias entre ambos gobiernos. A esto se suman las críticas de gremios y transportadores a la denominada “tasa de seguridad”, al considerar que afecta el comercio y fomenta el contrabando.

Las fricciones también se han trasladado al plano político. Mientras Noboa cuestiona la supuesta falta de apoyo de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, Petro ha calificado como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, lo que ha sido interpretado por el gobierno ecuatoriano como una injerencia en sus asuntos internos.

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